Seamos realista. Pidamos lo posible
Manuel F. Vieites
Editorial en el número 125 de la revista ADE/Teatro
En breve presentaremos aquí propuesta de documento
Una Ley Orgánica para las enseñanzas artísticas superiores. La pedimos hace años, en estas mismas páginas, y hoy la volvemos a pedir, conscientes de que la convergencia de las enseñanzas artísticas superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior, y en el Espacio Europeo de Investigación, sólo será posible a partir del momento en que estas enseñanzas abandonen el territorio de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE. A partir del momento en que su coordinación se traslade, igualmente, al Ministerio que se ocupa de las otras enseñanzas superiores, las universitarias. No tiene sentido que la educación superior en España, la que debe converger en ese Espacio Europeo de Educación Superior, en tanto ofrece, por igual, titulaciones de grado y posgrado, se sitúe en dos ministerios diferentes: Educación, por un lado, y Ciencia y Tecnología, del otro.
Tampoco tiene sentido que unas enseñanzas que conducen a la obtención de títulos de grado y postgrado, con todo lo que ello implica en tantos ámbitos y en todo lo que afecta a tantos sectores, sigan ocupando el mismo espacio que otras enseñanzas que conducen a titulaciones previas, preparatorias en muchos casos, a esos estudios superiores. Se trata, en suma, de aplicar con lógica y rigor el principio de equivalencia e igualdad, en los derechos y en los deberes. Si las enseñanzas artísticas superiores se han de integrar en el EEES, como manda Bolonia, parece lógico que tengan el mismo tratamiento que aquellas otras enseñanzas que también se integran en el mismo EEES. Las enseñanzas artísticas superiores deben recibir el mismo tratamiento que las enseñanzas universitarias, lo que sólo será posible cuando se elabore una Ley Orgánica como la que en su día reclamamos, y que ahora, por fin, parecen estar considerando algunas personas en el Ministerio, dadas las dificultades que encuentran para promover unas enseñanzas situadas en el territorio de la educación secundaria o profesional.
Una Ley Orgánica que, en su espíritu y en su letra, debe decir lo mismo que la que regula las enseñanzas universitarias, situando en el mismo nivel derechos y deberes de todos los elementos implicados, desde los centros al profesorado y al alumnado. La cuestión es más fácil de lo que parece y hace bastantes años el profesor Antonio Embid Irujo elaboró un magnífico informe que sigue tendiendo plena vigencia y validez. Proponía la elaboración de una Ley Orgánica específica para estas enseñanzas, en su ordenación; y en su organización proponía la creación de Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas, que acogerían los centros que ofrecen esas enseñanzas y que, en la práctica, vendrían a funcionar como facultades universitarias. En comunidades como Aragón o Valencia se crearon ese tipo de Institutos pero con un modelo diferente, muy alejado del informe Embid Irujo. En realidad, esos Institutos con unidades de gestión con un fuerte carácter político y escaso valor académico. Un Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas tiene que ser una institución académica; no puede ni debe ser una dirección general. Es éste un caso más de esa confusión frecuente entre gestión académica y gestión política, y los centros educativos deben estar gestionados por docentes, con independencia de que pueda y deba haber administradores o gerentes en un segundo nivel de organización. Con todo, las malas prácticas, que las hay, no deben ocultar un camino posible para orientar la propuesta en la dirección correcta y es que el dicho Instituto debe buscar su equivalencia en la Universidad, y organizarse como tal. El director de un Instituto Superior sólo cabe elegirlo en un proceso interno que implique a toda la comunidad educativa, de entre aquellas personas que hayan obtenido el máximo nivel académico en su carrera docente e investigadora, como ocurre con los rectores. Es decir, personas del cuerpo de catedráticos, con doctorado y con trayectoria probada en investigación y gestión.
En estos momentos, el Ministerio de Educación tiene dos compromisos ineludibles en relación con la convergencia de las enseñanzas artísticas superiores en el EEES, que debiera producirse en 2010. Y sería grave que no se produjese en 2010, por las implicaciones que pudiera traer. Para ello es necesario que publique, cuanto antes, un Real Decreto de Organización de las enseñanzas artísticas superiores y, de forma casi inmediata, los Reales Decretos con los contenidos mínimos de cada una de ellas. Luego serán las Comunidades Autónomas las que deberán desarrollar ambos decretos a fin de que en septiembre de 2010 todos los centros superiores de enseñanzas artísticas del Estado, sin excepción, inicien la implantación de las nuevas titulaciones, que en la práctica vendrán a ser titulaciones de grao, como las universitarias.
Esta es una tarea urgente, que se está demorando más de lo previsto y que incluso ha echado por tierra plazos anunciados y dejado sin valor palabras comprometidas. No se ha sabido gestionar adecuadamente esa situación y en esa mala gestión mucho ha tenido que ver la lucha interna que en el Ministerio se produce entre quienes todavía defienden la especificidad de estas enseñanzas, y menos mal, y quienes parecen proponer, o cuando menos desear, que las universidades ofrezcan esas titulaciones, lo que vendría a suponer la desaparición cierta de muchas escuelas superiores de diseño, restauración, danza, arte dramática y de no pocos conservatorios superiores de música.
Como es público y notorio, las universidades ansían las titulaciones que ofrecen los centros superiores de enseñanzas artísticas y no pasará mucho tiempo antes de que inicien una batalla abierta para lograr su implantación como estudios de grado. Los redactores de la Ley Orgánica de Educación fueron suficientemente perspicaces como para dejar puertas abiertas a esa posibilidad, al introducir en su disposición adicional vigésimo segunda una referencia explícita a ese posible contencioso de duplicidad de titulaciones, ante el que todos sabemos quien se llevaría la mejor parte, como la propia LOE propone. No daré nombres, que están en la mente de todos, pero en todo ese affaire ha tenido mucho que ver la tendencia del Partido Socialista a dejar en manos de reputados militantes o simpatizantes del Partido Popular áreas de gestión determinantes. Va a ser muy difícil poner coto a esa voracidad de la universidad, motivada por la necesidad de ampliar el margen de negocio y beneficio en unos casos, y en otros por la urgencia de conseguir docencia al precio que sea, para alimentar unas plantillas sobredimensionadas e infladas en tiempos de bonanza y gasto incontrolado.
El problema, con todo, no está en la universidad como institución, sino en unos modos de comportamiento que denotan hasta que punto una de las instituciones más necesarias sigue anclada en procedimientos, hábitos y conductas propias de tiempos pasados. Sobre todo el problema está en que la universidad, en función de esas malas prácticas, puede llegar a armar una titulación no tanto en función de una demanda del sector productivo sino en función de sus propias necesidades de conservación, y siempre con el plácet de una ANECA en la que no hay, precisamente, especialistas en estudios artísticos.
La única solución para salvaguardar la especificidad de las enseñanzas artísticas superiores y para garantizar una formación inicial acorde con las verdaderas necesidades de cada perfil profesional que demanda el sector de la creación y la difusión cultural, radica en crear un territorio propio para las mismas, a través de la antedicha Ley Orgánica. Hablo de garantizar una formación inicial acorde con las necesidades verdaderas del ejercicio profesional porque sabemos de las maniobras que se pueden llegar a producir entre el profesorado de la universidad con el único objetivo de hincar el diente en nuevas áreas de docencia. En el caso de arte dramática, por ejemplo, siempre cabrá el riesgo de convertir esos estudios en una rama de la filología, y ya hemos visto casos suficientes de titulaciones propias que se montan con la finalidad exclusiva de alimentar proyectos de organización docente en áreas deficitarias, o con docentes sobrantes.
El Ministerio de Educación, y el Gobierno de España, debieran actuar con diligencia y atendiendo las necesidades reales de los usuarios de los procesos de formación y las propias de un sector que precisa profesionales adecuadamente cualificados. Y para hacerlo así sólo caben dos líneas de actuación, y las dos urgentes: (1) dar los pasos necesarios para que los centros superiores puedan poner en marcha cuanto antes el nuevo currículo de grado e implantar estudios de postgrado, y (2) comenzar, DE INMEDIATO, la elaboración de una Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores, que debe partir del principio básico de que las enseñanzas artísticas superiores se cursan en los centros superiores, que a su vez se agrupan en Institutos Superiores de Enseñanzas Artísticas, que deben funcionar como universidades y no como direcciones generales a la espera del político necesitado de puesto. Y no se soliviante ni se apresure la clase política por lo que de ella se piensa y se dice; más bien, haga por contemplar, con una cierta distancia, la solfa que está montando y actúe en consecuencia.
Estamos proponiendo, en efecto, que el Ministerio de Educación dicte una norma que no sólo se ocupe de la ordenación de las enseñanzas sino también de su organización, lo que afecta al carácter y organización de los centros en que se imparten y a las estructuras institucionales en que se agrupan. También debe ocuparse la norma del profesorado y del alumnado, de las infraestructuras y de los recursos, de los medios materiales y de los inmateriales, de forma que la equiparación sea, por fin y para siempre, a todos y cada uno de los efectos, en los derechos pero también en los deberes. El gobierno y las comunidades autónomas deben asumir ese compromiso necesario, como servicio a la ciudadanía, porque los que detentan responsabilidades de gobierno lo hacen por mandato de esa ciudadanía, y es a esa ciudadanía a la que deben su trabajo y su poder, para que lo ejerzan por el bien común. Así, sin más, por el BIEN COMÚN. Algunas invocaciones a las competencias transferidas, cada vez menos en este caso, afortunadamente, no pueden obviar el hecho de que el EEES y del EEI tienen carácter supranacional, y en función de ese carácter, lo normal es que la coordinación entre las comunidades autónomas sea la garantía previa en la coordinación y en la convergencia europea.
Por el bien común, entonces, se reclama, una vez más, esa Ley Orgánica de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Creo que si en algún momento el Ministerio de Educación toma esa senda, a todas luces necesaria y urgente, apoyos no le van a faltar. Como ha mostrado la corta trayectoria del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Ministerio cuenta en ese organismo consultivo con interlocutores que obran con rigor, responsabilidad y lealtad, con personas que serían capaces de colaborar abiertamente en el desarrollo de esa Ley, pero sobre todo en su desarrollo y aplicación, que es donde muchas leyes acaban por mostrar sus dificultades. Por eso me atrevo a sugerir al Ministerio coraje y valentía. Nada se puede perder con esa iniciativa y hay mucho que ganar. Entre otras cosas situar las enseñanzas artísticas superiores a nivel europeo. En esta legislatura mejor que en la próxima. Hay tiempo.